Que tiemblen los ciudadanos que se atrevan a producir energía solar desde sus casas. Una enmienda del PP que hoy será aprobada permitirá a los inspectores acceder a los domicilios particulares sin orden judicial para revisar la legalidad de estas instalaciones. Esta medida, junto a los peajes de respaldo y a las multas de hasta 60 millones de euros, fulmina definitivamente el esperanzador fenómeno del autoconsumo en España.
La guerra declarada del Gobierno al autoconsumo parece no tener freno. La reforma energética establece un peaje tan alto por producir electricidad desde las viviendas que a pocos ciudadanos les será mínimamente rentable hacerlo.
Pero si a pesar de todo se atrevieran a ello, una enmienda escondida entre las 57 que ha presentado el PP a su Proyecto de Ley del Sector Eléctrico da la puntilla definitiva a ese fenómeno renovable que triunfa en Europa y que obliga a las compañías eléctricas a asumir la electricidad producida desde las viviendas y descontar después su valor del recibo mediante una liquidación.
La enmienda número 475 habilitará al Ministerio de Industria y Energía para enviar a los domicilios privados a inspectores para que revisen que las instalaciones de autoconsumo (esencialmente paneles solares fotovoltaicos) están debidamente registradas y se adecuan a la normativa vigente.
Así reza en la redacción de la enmienda: “El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas, asociaciones de empresas y personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, así como al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas”.
Este particular “allanamiento de morada” sólo requerirá una autorización administrativa, según se desprende de la enmienda, aunque, eso sí, deja la puerta abierta a solicitar “previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial”.
Esta medida, según las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, alberga “serias dudas sobre su constitucionalidad, ya que podría sentar un preocupante precedente al obligar a los ciudadanos a dejar pasar a su vivienda privada a un inspector por el simple hecho de realizar una actividad de autoconsumo”.
Si el afectado se niega, Industria se verá obligada a pedir la autorización judicial y mandar a la vivienda al inspector acompañado de la policía.
La enmienda reconoce que “podrían ser sujetos de inspecciones también las personas físicas, por ello, ha de incluirse expresamente en los apartados 2 y 4”, que son los que recogen la posibilidad de que así sea y de que se necesite autorización judicial.
Además, la medida permite la incautación de los documentos del titular de la actividad de autoconsumo así como “precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa (…) o personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley”.
La incorporación de esta enmienda a la Ley (y de las otras 56 presentadas por el grupo popular) se da por descontada en la votación de hoy en la Comisión de Industria del Congreso, dada la mayoría absoluta del PP.
Esto significará el entierro definitivo de una actividad que en su planteamiento inicial (fue heredada por Rajoy del anterior Gobierno, que no se atrevió a sacarla adelante) ofrecía a los particulares una alternativa para huir del recibo de la luz tradicional y daba carta de realidad, por primera vez, a la competencia efectiva en un sector oligopolístico como el eléctrico.
Todo aquel que produjera su propia electricidad se podría conectar a la red para verter la sobrante y así pagar menos a su eléctrica tradicional y obtener de ella bonificaciones.
Pero las grandes compañías, a golpe de lobby, han conseguido del ministro José Manuel Soria esta contraprestación que erradica cualquier atisbo de competencia, pero al menos amortigua el impacto que también para ellas ha supuesto el recorte de ingresos que fija la reforma eléctrica.
Ya les lanzó un guiño Soria cuando se negociaba la reforma, al anunciar que los titulares de una instalación de autoconsumo tendrían que pagar un peaje de respaldo por beneficiarse del uso de las redes eléctricas.
El sector renovable criticó que este nuevo peaje hacía inviable el autoconsumo.
Para hacerlo aún más difícil, Industria estableció multas de hasta 60 millones de euros para aquellos hogares que colocaran una placa solar de 200 vatios y no la dieran de alta. Con la nueva enmienda, los inspectores podrán entrar en las viviendas a perseguir estas posibles irregularidades.
El PP no ha incluido en ninguna de las 57 enmiendas las propuestas de la CNE, la CNC y el conjunto de los partidos de la oposición en pro del autoconsumo.
Los organismos reguladores fueron duros en sus dictámenes contra el Gobierno por fulminar el autoconsumo y cualquier pequeño atisbo de competencia en el sector eléctrico.