En España hay 8.812 alcaldes, 65.896 concejales, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 1.206 parlamentarios autonómicos y unos 150 responsables de cabildos y consejos insulares. Es decir, casi 80.000 cargos electos, directos y selectos.

Pero es que además tenemos unos 200.000 o más metidos a dedo, como cargos de confianza, asesores, dirigentes de órganos de gestión y organismos internos, representaciones internacionales, empresas públicas y semipúblicas, consorcios, fundaciones y mancomunidades y, por supuesto, cajas de ahorros.

Y de aquí a su vez, nuevos nombramientos en puestos cercanos o lejanos, a base de conmilitones, parientes, amigos y enchufados de los sindicatos afines. Ya se sabe que no hay mejor currículum que un familiar político. Es la endogamia, la nomenclatura, la casta, la troika con la que se cuidan y protegen los intereses propios y sobre todo los de los propios partidos. Todo lo contrario de la auténtica actividad política, que se cuida de los intereses públicos, no de los particulares.

El caso es que según informaciones oficiosas, logicamente pues no hay otras, existen en España 455.568 políticos, que de forma directa o indirecta viven de toda esta morralla política, pagados con dinero público. Casi medio millón en un país de 47 millones de habitantes. Serían unos 300.000 más que en Alemania, con 81 millones de habitantes.

Es lo que podemos llamar la burbuja política, que a todos los efectos es la que ha hundido verdaderamente el país, junto con la burbuja inmobiliaria, las de las cajas de ahorro y alguna otra que se nos escapa. Fenómeno también conocido por los ingenuos y tendenciosos como “la crisis”.